EL ÚLTIMO REDUCTO DE LA SOCIEDAD DISCIPLINARIA: LA ESCUELA

Cuando Max Weber plantea que el Estado moderno construye una jaula de hierro a través del sistema burocrático, entramado en torno a la dominación racional-legal a los efectos de perpetrar las relaciones de poder que dicha institución precisa para sostener el status quo, acertó en la solidez que
tal sistema de opresión construye.

Escribo estas palabras un poco por catarsis, y otro poco para dar testimonio del modo en el cual dicho entramado penetra capilarmente en los sujetos, de tal manera que la burocracia y la corporación se transforman en cuerpo y alma.

Las instituciones educativas siguen siendo el último reducto de opresión y resistencia de la sociedad disciplinaria patriarcal y capitalista.

A pesar de que el capitalismo tardomoderno neoliberal giró desde hace veinte años hacia un modelo de liquidez —donde cobra mayor preeminencia el capitalismo de plataforma, las relaciones efímeras, la navegación de la información y el control algorítmico de los sujetos subordinados al hedonismo de las redes sociales, la autoexplotación como imperativo de productividad y sentido de pertenencia— la escuela se mantiene como bastión de esa estructura disciplinaria que resiste transformaciones profundas.

Por convicción y constitución ideológica, siempre consideré la docencia como un acto de militancia: una herramienta posible para la transformación del orden social vigente, un espacio de resistencia a la opresión que recae sobre nuestro pueblo de manera constante y permanente.

Desde esa perspectiva, la postura del docente como intelectual transformativo es capaz de generar los clivajes necesarios para aprovechar las crisis orgánicas que el capitalismo puede presentar.

Si los sectores subalternos no reciben la formación política, intelectual y moral necesaria para construir la alternativa capaz de romper esa jaula de hierro, a fin de cuentas Weber tendría razón.

Y quizás la tenga.

Llevo quince años ejerciendo la docencia y, a pesar de que hemos sido capaces de construir un plexo normativo sólido en la legislación educativa argentina, las instituciones siguen en pie de guerra dando una batalla de resistencia para mantener el entramado cultural, social y político del siglo XX.

Existen cuadros administrativos enquistados en las segundas y terceras líneas de la administración pública de la educación en la provincia de Buenos Aires, cuya capacidad para detentar determinados cargos está basada en el manejo de relaciones de poder patriarcales y opresivas, con herramientas políticas similares a las del baronaje del conurbano bonaerense de la década de los 90.

Lo curioso es que dichas relaciones patriarcales, de poder y sometimiento, se reproducen de manera vertical, replicando ese patrón hasta el último eslabón de la cadena: desde los cuadros “técnicos” superiores hasta el último estudiante de la institución educativa, incluso aquel que detenta la presidencia del centro de estudiantes manipulado por adultos.

En las instituciones educativas se vive en un estado de tensión y contradicción que no escapa a las relaciones de poder constituidas en la sociedad vigente.

Entre discursos progresistas que buscan reconocer las desigualdades sociales que oprimen a los subalternos —violencia económica, psicológica, narcisista, patriarcal, sexual, misógina, racial, entre otras— se tensiona con acciones concretas y empíricamente contrastables en la práctica educativa que tienden a reproducir cosmovisiones adultocentristas: se vigila, controla y castiga a los cuerpos disidentes; se discrimina a la “otredad” caracterizada como racialmente inferior, considerada despectivamente como “indecente” por ser “villero”; se amenaza con la utilización de métodos coercitivos si no se amoldan a los patrones de comportamiento impuestos unilateralmente por el adulto; se aplica la lógica del give and take con estudiantes de doce años, ofreciéndoles alimento a cambio de información interna extraída del aula de manera clandestina; se generan prácticas típicas de la dictadura militar para censurar la voz disidente e impedir la libertad de expresión dentro de la institución educativa, a través de estrategias pedagógicas que deberían canalizar y expresar situaciones de violencia por razones de género en el ámbito escolar.

Tratando de ser un poco más fino en el análisis sociológico y político de las formas opresivas en las cuales se desenvuelven las prácticas pedagógicas escolares, podemos identificar que además permanece un discurso propio de la sociedad industrial del siglo XX, que ya no existe, porque las relaciones materiales de producción y explotación de la fuerza de trabajo han sido modificadas hace tiempo.

En el seno de la clase trabajadora ya existe una división interna entre aquellos trabajadores que gozan de los pocos contratos laborales regulados por la legislación heredada del siglo XX —que contempla derechos laborales conquistados en la segunda posguerra— y los trabajadores precarizados, tercerizados y monotributistas que sufren las relaciones de explotación del capitalismo de plataforma: flexibilizados, sin respeto por las jornadas limitadas ni indemnizaciones.

Las energías que podríamos estar utilizando para analizar y problematizar el motivo por el cual el capital ha avanzado tanto en su proyecto de generar un nuevo régimen de esclavitud —que le permita explotar el plusvalor de manera ilimitada amparándose en un sistema político plutocrático— se diluyen, porque el personal jerárquico de las instituciones educativas se encuentra más ocupado en sostener las relaciones asimétricas de poder propias del modelo adultocéntrico, patriarcal y disciplinario del siglo XX, con el fin de mantenerse enquistado en sus cargos burocráticos.

Mientras tanto, los docentes nos encontramos en el aula intentando sobrellevar una práctica educativa que atienda a la heterogeneidad, que brinde contención psicológica a estudiantes sometidos a la violencia cotidiana —una problemática severa que debe ser atendida con urgencia: la salud mental en los jóvenes— y que además enfrenta las condiciones de precarización salarial a las que hemos sido sometidos en los últimos quince años.

Y no siendo suficiente, tenemos también la difícil tarea de explicar por qué la enseñanza de la Educación Sexual Integral debe ser acompañada, apoyada y fomentada por los equipos de conducción.

Pero la ESI real: aquella que no es una mera ornamentación institucional para cumplir con las demandas burocráticas, sino la que pone el cuerpo en el aula, en la institución, y en el trabajo corresponsable con las demás instituciones municipales y provinciales.

La educación sexual integral sacude la mediocridad y el conformismo de algunas instituciones educativas que se construyeron como un kiosco o negocio a imagen y semejanza de los cuadros “técnicos” y burocráticos, que solo buscan permanecer enquistados en cargos que les permiten alimentarse de las arcas del Estado para seguir reproduciendo una misma matriz de poder.

Estos cuadros “administrativos” o “técnicos”, cuya única capacidad es haber aprendido prácticas políticas de barones del conurbano de tercera o cuarta categoría, tienen la habilidad de aggiornarse a la coyuntura política que atraviesan: copian el discurso, la narrativa, se apropian de las capacidades y producciones de otros, haciéndolas pasar como propias para tratar de ganar algo de legitimidad.

En el fondo, son conscientes de sus limitaciones y de su incapacidad para ocupar los cargos que detentan.

Basta con pararse en el recreo de una institución y contemplar el modo en que los estudiantes habitan la escuela, y las relaciones sociales que se entablan allí, para identificar que la violencia patriarcal se ha constituido como hecho social.

texto corregido gramaticalmente por CHAT GPT.

Bibliografía

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